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La política, como el volcán de Cumbre Vieja, sigue sin dar tregua. Con más contras que beneficios para los ciudadanos el entretenimiento visual hace olvidar los altos grados de España. En La Palma desaparecen las viviendas y el medio de vida y en el Parlamento se quiere dar luz a la Ley que regule este bienestar. No sabemos qué criterio se adoptará para que una Comunidad Autónoma declare tensionada a una zona; pero la proposición de ley reproduce la normativa del Ayuntamiento de Barcelona de 2018 anunciando que se va a poner en marcha un impuesto a la vivienda vacía, a través del recargo del IBI hasta el 150%, y que el 30% de todas las promociones se tendrán que destinar a vivienda protegida.
El anuncio del Gobierno va a provocar avalancha de solicitudes de permisos y licencias por toda España, es lo único que sabemos porque no ha pasado tiempo para determinar los efectos reales de la normativa catalana; aunque especialistas hablan de cifras nada alentadoras y de incertidumbres jurídicas que perjudican atraer la inversión. Diferentes países europeos sí conocen estas medidas y han realizado estudios que desvelan que parte del problema está en los municipios y gobiernos autonómicos que son los que deciden si aplican este control de precios. La práctica demuestra que no estará basada en las necesidades reales y sí en el color de los partidos.
José Luis Rodríguez Zapatero también tuvo su llamada de ayuda al alquiler, la llamó Renta Básica de Emancipación, y la llevaba en su programa electoral de 2004. Esta experiencia demostró que no se hicieron las previsiones necesarias teniendo en cuenta que se trataba de una medida con financiación estatal canalizada a través de las Comunidades Autónomas, y eso produjo disparidad de criterios en la aplicación. Y otra cosa que ahora se repite: no se tuvo en cuenta que la cuantía de la ayuda y el establecimiento de una renta máxima mensual para acceder a ella presentaran un importe fijo con independencia del territorio. Ello marcó diferencias entre unas zonas y otras y muchos arrendatarios de grandes ciudades no pudieran acceder a las ayudas o lo hicieran en peores condiciones. Aun así las Comunidades Autónomas en las que hubo más perceptores fueron, precisamente, Cataluña y la Comunidad de Madrid, donde las rentas son más altas, donde los precios de la vivienda en alquiler son más caros y donde más demanda tiene estas ayudas.
Son 820 mil jóvenes potenciales los beneficiarios de la Ley de Vivienda. El déficit para 2022 será más elevado que el 5% previsto para el próximo ejercicio, sin olvidar una deuda que supera el 122%. De las 200 mil viviendas sociales que Sánchez prometió en 2018 no se ha construido ni la primera. Teniendo en cuenta el 40% de paro juvenil la oferta es el problema del precio de la vivienda y liberalizar el suelo público es necesario para ponerlo en colaboración con el sector privado.
Pilar Falcón