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La pandemia ha soltado el pan que traía debajo del brazo. La oferta de empleo público 2021 es extraordinaria no sólo por ser la mayor de la Historia sino por venir en época de crisis y estar a la baja el empleo para jóvenes.
Llegamos al récord de empleados públicos en un momento en el que el trabajo es bien escaso. Llega para modernizar la Administración Pública y se incluye dentro de las reformas comprometidas con Bruselas en el plan de recuperación para cobrar los fondos europeos. A ello se ha unido la tasa de precariedad en la Administración debido a la contratación de profesionales sanitarios, profesores y otros empleados públicos para afrontar la crisis de la covid-19.
En el caso de España las comunidades autónomas y las entidades locales concentran la mayoría del empleo público: 59,63% y 21,39 % respectivamente, por encima del que recoge el Estado que es del 18,98%. El mercado de trabajo tiene anomalías a subsanar entre ellas los eventuales e interinos en fraude de ley que llevan más de tres años ocupando un puesto temporal. Todo nos dice que avanzamos en la estabilización del empleo público, que según la encuesta de población activa sufre una tasa de temporalidad del 30% que supone una de las más elevadas de Europa. El 51% se jubilará antes del 2029 y por ello hay que prevenir la falta de personal porque sólo el 1,8% tiene menos de 25 años.
Hoy la mentalidad de una plaza fija es parte del sentido de supervivencia. Cada vez son más los que forman parte del empleo público y escasos los emprendedores o dedicados a la empresa privada. Se avanza en la actualización del sistema fiscal y algunas plazas hablan de la necesidad de aumentarlas para modernizar y reforzar las necesidades de la Justicia. Entre 2015 y 2020 el número de trabajadores mayores de 55 años subió del 35% al 46% cuando la media del resto de países sólo creció un punto en ese período.
Un 85% de los jóvenes defiende una posición activa de los poderes públicos con el fin de reducir las desigualdades sociales, que perciben como injustas. Tratándose de una demanda de intervención institucional
visiblemente elevada, llama la atención la diferencia con los jóvenes de otros países del entorno como Francia (63%) o Reino Unido (66%), fenómeno que podría explicarse por el aumento de la desafección hacia las instituciones en España, en un contexto en el que los que gobiernan son considerados por los jóvenes como protagonistas en la gestión de las crisis. Quizá por eso atribuyen al Gobierno la responsabilidad de crear puestos de trabajo.
En España persiste una importante polarización del nivel educativo de la población joven, de modo que, si bien la proporción de titulados superiores está por encima de la media de la Unión Europea, todavía es muy elevado el peso de la población joven con nivel educativo bajo.
Preocupa el empleo pero también debería el concepto de considerar a los sexagenarios como mayores.
Pilar Falcón