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La resaca del vodevil ocurrido en el Congreso con la reforma laboral nos trae a la memoria la Constitución cuando dice que los diputados tienen libertad de voto y que los partidos no imponen disciplina para sus apoyos. La política si esto se cumpliera sería más ingobernable y es mejor experimentar con una sociedad más madura. Esto cuesta imaginarlo y más cuesta ver cumplidos los derechos fundamentales que hacen dignas a las personas en la libertad, en la seguridad, la inviolabilidad del domicilio, en la igualdad de trato y en la no discriminación o el derecho a la educación, por decir algunos.
La vida demuestra que lo escrito está para no cumplirse y que las batallas en ese recorrido incluyen logros que se mueven más por el intercambio que por la intermediación del dinero como valor en la transacción. Si todos acceden a un trueque la permuta es segura, excepto que sea en el Congreso de los Diputados y el político quiera decantarse por el uso constitucional de su voto. Lo que nos parece bien de una forma nos parece mal de otra.
Los dos diputados de UPN ponen en evidencia las consecuencias por cumplir lo recogido como derecho. Media vida en el partido y ahora sometidos a la disciplina interna por votar en conciencia. La ejecutiva que dirige Javier Esparza quería expediente de expulsión porque el voto fue ocultado a afiliados, cargos, ejecutiva y dirección del partido y los dos diputados argumentan que UPN les había ignorado en las negociaciones que mantenían con el PSOE para sacar la Reforma Laboral, a cambio de que no se reprobara al alcalde de Pamplona Enrique Maya, de UPN. Ambos habían expresado siempre su rechazo a esta iniciativa y su incomodidad con las directrices del partido. Ni les llamaron ni llamaron. La votación en conciencia podría haber tumbado la reforma estrella del Gobierno como inicialmente anuncio Meritxell Batet. Que los dos rostros visibles de UPN en el gobierno español dejen de serlo conlleva que el partido, que preside Esparza, se quede sin representación en el Congreso de los Diputados por primera vez desde 1979; aunque Sergio Sayas y Carlos García Adanero aseguran que jamás han estado más satisfechos con una decisión.
La familia, sea o no de sangre es patrimonio y si no que se lo digan a la reina Isabel II de Inglaterra con 70 años en el trono que castiga a su hijo Andrés y fortalece a la mujer del sucesor, sin importarle corregirse. Tras la muerte de Diana de Gales había manifestado que la señora Parker Bowles nunca sería reina consorte sino princesa o duquesa de Cornualles. Como activo de su jubileo de platino la monarca ha dirigido una carta sus súbditos solicitando apoyo a su hijo Carlos cuando se convierta en rey y a su esposa Camila el mismo que le han dado a ella y que sea conocida como reina consorte. De lo dicho al hecho siempre hay algo escrito para infringir.
Pilar Falcón
Me ha gustado mucho tu artículo. Gracias Pilar. ?